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Pregunta 149:

¿Es un pecado matar en defensa propia? (TR)

 

Respuesta: La acción a la que se refiere esta pregunta se denomina autodefensa. La legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. «La acción de defenderse [...] puede entrañar un doble efecto: el uno es la conservación de la propia vida; el otro, la muerte del agresor» (Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae, 2-2, q. 64, a. 7). «Nada impide que un solo acto tenga dos efectos, de los que uno sólo es querido, sin embargo el otro está más allá de la intención» (Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae, 2-2, q. 64, a. 7) (CatIglCat n. 2263).

 

El amor hacia uno mismo se mantiene como un principio fundamental de la acción moral. Por consiguiente, es legítimo insistir en el respeto al propio derecho a la vida. Quien defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso si se ve forzado a asestar a su agresor un golpe mortal:

 

Si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita. Pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita [...] y no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada a fin de evitar matar al otro, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que por la de otro (Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae, 2-2, q. 64, a. 7) (CatIgleCat n. 2264).

 

La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave, para el que es responsable de la vida de otro. La defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar prejuicio. Por este motivo, los que tienen autoridad legítima tienen también el derecho de rechazar, incluso con el uso de las armas, a los agresores de la sociedad civil confiada a su responsabilidad (CatIglCat n. 2265).

 

A la exigencia de la tutela del bien común corresponde el esfuerzo del Estado para contener la difusión de comportamientos lesivos de los derechos humanos y las normas fundamentales de la convivencia civil. La legítima autoridad pública tiene el derecho y el deber de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. La pena tiene, ante todo, la finalidad de reparar el desorden introducido por la culpa. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, adquiere un valor de expiación. La pena finalmente, además de la defensa del orden público y la tutela de la seguridad de las personas, tiene una finalidad medicinal: en la medida de lo posible, debe contribuir a la enmienda del culpable (CatIglCat n. 2266).

 

La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas (CatIglCat n. 2267).

 

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J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

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